La situación referente al impuesto a los combustibles ha generado un gran debate en redes sociales y en los medios de comunicación. Este impuesto se rige a través de la Ley 23.966, promulgada por él decreto 1609/91 y se cobra cada vez que se carga nafta en cualquier estación de servicio y los fondos son destinados a un fideicomiso cuyo objetivo es mejorar las rutas del país.
En el año 2024, el estado logró recaudar 2,2 millones de pesos a través de este impuesto. De este fideicomiso, la Infraestructura de Transporte recibió $619 mil millones de pesos, de los cuales $309 mil millones deberían haberse destinado a la Dirección Nacional de Vialidad. Sin embargo, solo se ejecutaron $150 mil millones de pesos, menos de la mitad del presupuesto asignado.
Esto indica, que el gobierno tomó la decisión de no construir nuevas rutas ni mantener las obras existentes en progreso. Esta decisión ha generado críticas y demandas por parte de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y sus sindicatos de base, quienes exigen transparencia y el cumplimiento de la ley para destinar los recursos necesarios en la construcción, mantenimiento y conservación de las rutas nacionales.
La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que, en este 2025, la recaudación a través de este impuesto será de aproximadamente 5,5 billones de pesos. La pregunta central es cuánto dinero se destinará efectivamente a la Dirección Nacional de Vialidad.
Existen obras públicas con un avance del 90% a lo largo y ancho del país que han sido paralizadas debido a la falta de ejecución de este presupuesto. Esto incluye proyectos importantes realizados por el sector privado, como la Autopista de la Ruta Nacional 33 Bahía Blanca-Tornquist y la obra del Paso Urbano.
Es de vital importancia que las autoridades tomen medidas para asegurar que los fondos recaudados a través de este impuesto tan “polémico”, pero utilizado por el gobierno de Javier Milei, sean destinados de manera eficiente y transparente, garantizando así la mejora y el mantenimiento de las rutas, asegurando la seguridad y bienestar de quienes transitan diariamente por estos caminos que la Dirección Nacional de Vialidad supo construir desde 1932.
