En una sesión histórica, la Cámara de Senadores de la Nación rechazó ayer los principales decretos delegados del Poder Ejecutivo, revirtiendo una serie de medidas que generaron un fuerte conflicto social y político. La oposición, en un inusual gesto de unidad, logró una mayoría aplastante para revertir lo que consideraron “un exceso en el uso de las facultades delegadas”.
La sesión estuvo marcada por el rechazo unánime a las medidas que generaban un alto impacto social. El Decreto 462/25, que disponía la reorganización del INTI y el INTA con la consecuente reducción de funciones y recursos, fue rechazado por 60 votos. El Decreto 345/25, que facultaba al Poder Ejecutivo a intervenir y reorganizar organismos culturales. La medida fue rechazada con 57 votos, mientras que el DNU 340/25, que instauraba un régimen de excepción para la marina mercante nacional, también fue derogado con 55 votos en contra.
La misma suerte corrió el Decreto 461/25, que pretendía disolver la Dirección Nacional de Vialidad y la Agencia de Seguridad Vial, una medida que había desatado un fuerte conflicto con los gremios. Fue rechazado por 60 votos a 9. Por su parte, el Decreto 351/25, que modificaba el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG), un organismo clave para las políticas de memoria, verdad y justicia, también fue derogado con 58 votos en contra, entre otros.
La contundencia de los resultados demuestra la clara voluntad del Congreso de fijar límites a las facultades delegadas del Poder Ejecutivo y representa un importante triunfo para los sectores sociales que se opusieron a las medidas, desde los gremios hasta los organismos de derechos humanos.